Relato del histórico tratado para la prohibición de armas nucleares
Por Ing. Nicolás Sosa*
El viernes 7 de julio en la sede de la ONU en Nueva York tuve el privilegio de ser testigo de un hecho verdaderamente histórico; la firma de un tratado internacional que prohíbe las armas nucleares y todo lo relacionado con ellas, desde su desarrollo, producción y almacenamiento hasta su utilización e incluso la amenaza de uso. Se trata de un hecho histórico porque es un momento esperado desde 1945, año en que la humanidad entera presenció el daño atroz causado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Desde aquel oscuro episodio de destrucción indiscriminada quedó absolutamente claro que las armas nucleares son inmorales. Más de 70 años han pasado para poder decir que ahora serán también ilegales.
Este tratado complementa al “Tratado de No Proliferación” (TNP) firmado por la mayoría de los estados. El TNP limita el permiso de posesión de armamento nuclear a los 5 miembros permanentes del consejo de seguridad (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) los cuales se comprometen a desmantelar progresivamente sus arsenales. Tras décadas de espera, ha quedado claro que esas promesas han quedado solamente en palabras, con escasísimos e insuficientes avances desde la concreción del TNP. El tratado de prohibición ha sido una iniciativa de la sociedad civil y de una enorme mayoría de estados no poseedores de armas nucleares, que se cansaron de esperar que las potencias cumplan sus promesas de desarme.
Las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que no habían sido prohibidas aún mediante un instrumento legal. La mera existencia de estas armas supone un riesgo enorme para toda la humanidad, incluyendo a países que no las poseen y que no están involucrados en ningún tipo de conflicto internacional, como es el caso de Uruguay. Para ilustrar el riesgo al que estamos sometidos basta considerar el dato de que según estudios realizados se estima que un conflicto nuclear de mediana escala provocaría la muerte de más de 1000 millones de personas alrededor del mundo por falta de alimentos, debido a la baja de la temperatura global, y esto sin considerar a las víctimas directas del eventual conflicto.
Ayer la comunidad internacional dijo “basta” al vacío legal que nos somete a estas amenazas a través de una votación con mayoría abrumadora de los presentes en sala. 122 países votaron a favor de la resolución, con la lamentable abstención de Singapur y la previsible votación en contra de Holanda. Es que los países miembros de la OTAN y el resto de las potencias nucleares se esmeraron en boicotear la conferencia desde su inicio y no participaron de las negociaciones, pero la sociedad civil holandesa a través de un plebiscito obligó a su delegación a participar, generando una situación sumamente incómoda para sus diplomáticos que quedaron en evidencia al romper el consenso en la sala.
América Latina fue una de las regiones que lideró este proceso, siendo reconocida su reputación en esta materia al contar con la primer zona libre de armas nucleares desde el tratado de Tlatelolco. Señal de esto ha sido el hecho de que la conferencia fue presidida por Elaine White, de Costa Rica. Uruguay en particular ha apoyado esta iniciativa e incluso la ha puesto sobre la mesa en las reuniones del Consejo de Seguridad a la luz de los recientes episodios de tensión con los ensayos bélicos de Corea del Norte.
Las potencias nucleares y sus aliados (bajo presión) argumentan que este tratado afecta negativamente el TNP y no contribuye a un proceso realista de desarme en el contexto geopolítico actual teniendo en cuenta los desafíos de seguridad internacional. Estos argumentos infundados intentan disfrazar la intención de mantener el status quo y esconder la incomodidad que genera el reconocer la aberración que suponen este tipo de armas desde todo punto de vista. La historia nos ha mostrado una y otra vez que las arquitecturas de seguridad basadas en la mutua capacidad de destrucción lejos de ser efectivas generan inestabilidad y aceleran la escalada de violencia y desarrollo armamentista.
El tratado será firmado por los Jefes de Estado en el mes de septiembre, momento a partir del cual entrará en vigor. Vale aclarar que mientras las potencias no lo firmen, no estarán sujetas a sus obligaciones. Sin embargo, dada la enorme mayoría de países firmantes, el tratado pone una gran presión sobre todo aquel estado que quede al margen, y como mínimo, genera una gran incomodidad en la retórica de sus posiciones éticas y principios. Se espera que esta presión contribuya a acelerar el proceso de desarme en el marco del TNP, mientras se continúan los esfuerzos para que todos los países suscriban el tratado. Cabe destacar que la redacción final del mismo permite que los estados poseedores de armas nucleares se sumen previo a su destrucción, por lo cual no hay excusas para no hacerlo.
Nuestro lugar desde la sociedad civil fue ampliamente reconocido por la conferencia. En particular nuestra participación desde la perspectiva de la fe estuvo fundamentalmente enfocada en las áreas del tratado relacionadas con asistencia humanitaria y el cuidado del medioambiente. También, hacemos énfasis en que los miles de millones de dólares gastados anualmente en armamento nuclear, podrían ser utilizados para combatir la pobreza y contribuir al desarrollo humano hacia los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Este tratado es un paso histórico, pero no un fin en sí mismo. A partir de ahora continuaremos trabajando activamente y con perseverancia para lograr la eliminación definitiva de estos aberrantes instrumentos de destrucción indiscriminada.
*Nicolás Sosa es miembro de la Iglesia Metodista en el Uruguay y delegado de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias. Entre el 3 y el 8 de julio, participó en Nueva York en la última semana de las negociaciones, como parte de la representación de la sociedad civil.
Categorías: Noticias